Sanidad y CERMI Cantabria promoverán la prevención para que la discapacidad no se convierta en dependencia

La Consejería de Sanidad y el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Cantabria (CERMI Cantabria) colaborarán en la promoción de la prevención en salud para evitar que la discapacidad se agrave e, incluso, se convierta en dependencia.
 
Así lo han acordado el consejero del área, Miguel Rodríguez, y la presidenta del CERMI Cantabria, Mar Arruti, durante un encuentro en el que han coincidido en la necesidad de seguir avanzando en la integración plena de las personas con discapacidad en nuestra región.

"Prevenir es lo más inteligente cuando hablamos de cuidar la salud, es una inversión en salud" ha dicho el consejero y, mucho más, si ya existe una discapacidad de base, por pequeña que sea. Pero no sólo prevenir, ha insistido, sino promover las fuentes de la salud, el autocuidado y la vida activa, fundamentales para mejorar la calidad de vida, pero, también, para evitar la enfermedad.

La presidenta de CERMI ha acudido a la cita acompañada de la representante de la Asociación Cántabra Pro Salud Mental (ASCASAM), Belén Díez; la presidenta de la Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Cantabria (FESCAN), Cristina Brancariz; el representante de Plena Inclusión Cantabria, Roberto Álvarez, y el de la ONCE, Sergio Olavarría. También ha participado el director general de Transformación Digital y Relaciones con los Usuarios, Santiago García Blanco.

Durante la reunión se han abordado otras cuestiones relativas a problemas concretos como los enfermos crónicos, las personas con problemas de salud mental o las necesitadas de rehabilitación.

ACCESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA EN IGUALDAD

Los responsables de CERMI han mostrado al consejero su interés por revisar aspectos relativos al acceso al empleo sanitario de las personas con discapacidad, especialmente con discapacidad intelectual.

En este sentido, el consejero se ha comprometido a trabajar para evitar cualquier tipo de desigualdad y establecer mecanismos de cara al futuro que faciliten la adaptación de los procedimientos a la realidad de este colectivo, para que las personas con discapacidad puedan acceder a la función pública sanitaria en igualdad de condiciones.

 

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