CERMI Cantabria plantea a los grupos parlamentarios y al Gobierno las demandas de la discapacidad para los presupuestos de 2020

El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Cantabria (CERMI Cantabria) se ha reunido con todos los grupos parlamentarios y representantes del Gobierno de Cantabria para presentarles sus propuestas y necesidades al próximo Proyecto de Ley de Presupuestos del Gobierno de Cantabria para el año 2020, enmarcadas en el documento presentado y compartido por la mayoría de las formaciones políticas en el proceso preelectoral autonómico y local de 2019.

Como principal propuesta, se insta a la asignación de partidas presupuestarias específicas para impulsar medidas incluidas en la Ley de Cantabria 9/2018, de 21 de diciembre, de Garantía de los Derechos de las Personas con Discapacidad que se incorporan en dicha Ley, para 2020 con el objeto de garantizar la implantación efectiva de dichas medidas. Así queda recogido en la Disposición adicional primera, relativa a la financiación de los centros y servicios para personas con discapacidad, y en la Disposición adicional quinta, que establece que el Gobierno de Cantabria consignará en dicho Proyecto de Ley de Presupuestos cada año las partidas necesarias para garantizar el íntegro cumplimiento de dicha ley. Dicha propuesta ha ido acompañada de una llamada de atención sobre los plazos de desarrollo de la Ley que ya han empezado a incumplirse, instando que de forma urgente se apruebe la Reglamentación del Consejo Autonómico de la Discapacidad como órgano de seguimiento.

Una Comisión sobre discapacidad con carácter permanente legislativa es otra prioridad, junto a la promoción en esta legislatura de una Ley de Accesibilidad en Cantabria y medidas de fomento para garantizar que los espacios urbanísticos y servicios destinados al público sean accesibles a la población, con especial incidencia en el transporte público, así como en la información y comunicación.

Desarrollar un modelo específico de servicios sociales para personas con discapacidad sostenible y centrado en la persona con la aprobación de una normativa consensuada con el sector, es una demanda urgente y reiterada año tras año, y cuya ausencia agrava cada vez más la estabilidad de las entidades de iniciativa social que gestionan estos servicios a través de plazas públicas. El aumento de la dotación presupuestaria para financiar dichas plazas y la modificación urgente del Decreto de precios, eliminando así el agravio comparativo que se da con las plazas gestionadas por la administración pública es otra de las demandas, junto a la de apostar por los servicios de promoción de la autonomía personal y prestaciones de asistencia personal.

En relación con el empleo se propone el desarrollo de un plan para garantizar la sostenibilidad de los centros especiales de empleo de iniciativa social, y entre otras medidas una partida extraordinaria para establecer un complemento en las subvenciones de salarios de los centros especiales de empleo del 25% compensando así la subida significativa del salario mínimo.

También se plantea la necesidad de garantizar partidas suficientes para avanzar en políticas para la educación inclusiva, la atención a la cronicidad y la salud mental o el acceso a la justicia, entre otras.

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