CERMI Cantabria participa en la Conferencia CERMI Territorios

El viernes 10 de julio se ha celebrado la Conferencia de CERMIS Territorios a la que ha asistido el secretario general de CERMI Cantabria, Sergio Olavarría.

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El movimiento CERMI califica de histórico que por fin una ley obligue al Estado a aportar el 50 % del coste del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia.

El Movimiento CERMI (CERMI Estatal y CERMIS Autonómicos) ha calificado de “histórico” que el proyecto de reforma de las leyes de discapacidad y de autonomía personal y dependencia incorpore, por primera vez, la obligación legal de que la Administración General del Estado aporte el 50 % del coste público del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, SAAD. Así se ha puesto de manifiesto este viernes durante la reunión de julio de la Conferencia CERMI Territorios.

El presidente del CERMI Estatal, Luis Cayo Pérez Bueno, ha informado a los CERMIS autonómicos sobre la situación parlamentaria del proyecto de Ley que modifica la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social y la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. Esta reforma deriva del nuevo artículo 49 de la Constitución Española y pretende extender y reforzar los derechos a la inclusión, la autonomía personal y la accesibilidad universal.

Tras superar la fase de ponencia y su aprobación ayer mismo en la Comisión de Derechos Sociales y Consumo del Congreso de los Diputados, el proyecto de Ley será sometido a votación en un pleno extraordinario del Congreso este martes 14 de julio. Posteriormente, continuará su tramitación en el Senado, con el objetivo de que pueda quedar definitivamente aprobado y entrar en vigor a principios de octubre.

La obligación de que el Estado financie el 50 % del coste público del SAAD era una reivindicación sostenida del movimiento de la discapacidad y de las comunidades autónomas que, hasta ahora, no figuraba como deber en ninguna norma. A ello se suma el Real Decreto-ley 17/2026, que incrementa de forma sustancial la financiación estatal del nivel mínimo de protección durante 2026 y establece previsiones para 2027.

El CERMI ha señalado que estos nuevos recursos deben destinarse a reducir las listas de espera, aumentar la intensidad y calidad de los servicios y prestaciones, y mejorar las condiciones laborales de las personas profesionales del sistema. Asimismo, ha reclamado que las comunidades autónomas mantengan sus propias aportaciones y que la financiación adicional del Estado no sirva para sustituir fondos autonómicos ni sea desviada hacia otras políticas públicas.

La Conferencia CERMI Territorios ha acordado reforzar el seguimiento de la aplicación de estas medidas en cada comunidad y ciudad autónoma, para garantizar que los recursos lleguen efectivamente a las personas en situación de dependencia y a sus familias. El CERMI Estatal también ha reconocido especialmente el trabajo desarrollado por COCARMI, junto con el resto de los CERMIS autonómicos, para favorecer los apoyos parlamentarios necesarios y mantener las políticas de discapacidad fuera de la confrontación partidista.

En relación con los demás asuntos del orden del día, la Conferencia dio la bienvenida a las nuevas responsabilidades surgidas tras las renovaciones de cargos en EDEKA, CERMI Melilla y COCARMI, así como a la reelección de Cristina Gómez Palomo como presidenta de CERMI Castilla-La Mancha. Los representantes territoriales compartieron también sus principales prioridades autonómicas, entre ellas la accesibilidad, la atención temprana, la mejora de los procedimientos de valoración de la discapacidad y el fortalecimiento de los servicios sociales.

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