El PP incorpora en su programa electoral las propuestas realizadas por CERMI Cantabria para avanzar en políticas integrales para las personas con discapacidad

El pasado 14 de mayo, Juan Ignacio Diego, Presidente del Partido Popular de Cantabria y Mar Arruti, presidenta de CERMI Cantabria firmaron el acuerdo sobre el programa político 2015-2019 en materia de discapacidad.

El acuerdo suscrito establece que el Partido Popular de Cantabria incorpora y compromete en su programa político para la próxima legislatura las acciones propuestas por CERMI Cantabria en materia de discapacidad, exactamente como han sido propuestas por esta Plataforma, salvo una, la de retomar la financiación de las infraestructuras y equipamientos de las entidades que prestan apoyo a personas con discapacidad, que la condiciona a que se vaya recuperando el nivel de inversión, por el mismo concepto, en los centros de titularidad pública.

Actualmente CERMI Cantabria y el Gobierno están ultimando la redacción de una normativa de acreditación de centros de apoyo a personas con discapacidad, que se publicaría en caso de llegar a acuerdo, junto a la actualización de la Orden de precios y la tan esperada Orden que garantice el acceso de las personas con discapacidad sin grado de dependencia a los centros de servicios sociales. Desde CERMI Cantabria y sus entidades hay una gran preocupación sobre este tema, al que hemos dedicado muchos esfuerzos en toda la legislatura, debido al poco tiempo que queda para ultimarlo y publicarlo.
Por el momento, son dos ya los acuerdos firmados: con el PRC y con el PP. Esperamos que a lo largo de estos días se puedan firmar más acuerdos.

Recordar que en Cantabria hemos priorizado propuestas como la constitución de nuevo de una Comisión sobre discapacidad en el Parlamento de Cantabria, ya que la actual no es permanente, y cuyo objetivo prioritario sea el desarrollo de un Plan conjunto con CERMI Cantabria para adaptar la legislación autonómica a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, tras la publicación del informe realizado por la Universidad en colaboración con el Parlamento y con nosotros. Y en este marco elaborar una Ley de garantía de derechos y una Ley de Accesibilidad.

Otras propuestas clave son el fomento de la Economía Social a través de una Ley Autonómica que incluya medidas como la  reserva de contratos públicos a centros especiales de empleo de iniciativa social sin fin de lucro y una Estrategia Autonómica para el empleo de las Personas con Discapacidad.

También reclamamos Planes Autonómicos en diferentes áreas como “Salud”, “Inclusión educativa”, “Acceso a la Justicia y al ejercicio de la capacidad jurídica con un modelo específico de apoyos” y un Plan Estadístico que contemple de forma transversal la discapacidad, así como un estudio sobre discapacidad.  

El desarrollo de un modelo específico de servicios sociales para personas con discapacidad sostenible y centrado en la persona con el objeto de promover su autonomía personal, ejercicio de derechos y participación en la comunidad es otra de nuestras prioridades.

A nivel local potenciar el desarrollo de Planes de Autonomía Personal en los municipios, donde la discapacidad sea un eje transversal en las políticas municipales y con enfoque inclusivo.