Normativa actualizada en el BOE sobre la crisis sanitaria COVID-19                                

Os dejamos este enlace al Boletín Oficial del Estado (BOE) en el que se puede consultar la actualización diaria sobre la normativa estatal y la de las Comunidades Autonómas en relación con el Estado de Alarma y la crisis sanitaria por COVID-19. https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=355


 

Apoyo unánime a la ilegalización de las esterilizaciones forzadas en la Comisión de Justicia del Congreso

30.09.2020 FUENTE: SERVIMEDIA

La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados mostró este miércoles su respaldo unánime a la proposición de ley que busca reformar el Código Penal para ilegalizar las esterilizaciones no consentidas de personas con discapacidad incapacitadas judicialmente.

En concreto, la reforma busca eliminar el párrafo segundo del artículo 156 que en la actualidad despenaliza las esterilizaciones no consentidas de dichas personas autorizadas por un órgano judicial.

Esta iniciativa, presentada por el grupo de Ciudadanos en el Senado, ha sido impulsada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y por Cermi Mujeres. Varios de sus miembros asistieron en una sala contigua al debate y votación del informe elaborado en los trabajos preparatorios por la ponencia de esta comisión, que contenía dos enmiendas que daban lugar a la formulación de una nueva disposición final tercera respecto a la propuesta que llegó del Senado.

De hecho, mientras que la parte principal del informe fue aprobada por unanimidad, esta nueva disposición contó con el rechazo de los 14 diputados de PP y Vox.

Con todo, fue aprobada por 21 votos a favor, por lo que se incorporará al texto que ahora deberá debatir el Pleno de la Cámara Baja.

La nueva disposición final tercera hace referencia a la necesidad de modificar las leyes orgánicas sobre Autonomía y Derechos del Paciente y sobre Salud Sexual y Reproductiva, a fin de garantizar que las personas con discapacidad reciben la información que precisan en "canales, medios y formatos accesibles" para que “la decisión que adopten sea libre, consciente e informada”.

Para ello, insta al Gobierno a elaborar un proyecto de ley que reforme esta legislación, a fin de asegurar este derecho y también la garantía de que los poderes públicos velarán por el acceso a la salud sexual y reproductiva de las personas con discapacidad.

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