Normativa actualizada en el BOE sobre la crisis sanitaria COVID-19                                

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El Congreso admite tramitar la ILP contra el copago del Cermi prácticamente por unanimidad

Publicado el Miércoles, 18 Noviembre 2020

El Pleno del Congreso de los Diputados respaldó de forma casi unánime este martes la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) contra “el copago confiscatorio en dependencia” impulsada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi). La toma en consideración fue aprobada por 342 votos a favor, seis en contra y ninguna abstención.

Sólo el PNV se mostró en contra del texto, por considerar que “supone una invasión de competencias” y va en contra del Estatuto de Gernika. Los demás grupos apoyaron la toma en consideración de esta propuesta, aunque muchos de ellos sí presentarán enmiendas durante el trámite parlamentario.

La propuesta persigue modificar los artículos 14 y 33 de la Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, en lo relativo a su participación en el coste de los servicios y prestaciones.

Más de 740.000 personas respaldaron con su firma la iniciativa que, a causa de la inestabilidad política, ha decaído hasta en cuatro ocasiones desde su llegada al Congreso en 2016. Según el presidente de Cermi, Luis Cayo Pérez Bueno, “estos cinco años de demora han generado frustración y decepción en el sector de la discapacidad y la dependencia”.

Por eso, pidió “el respaldo unánime” de todos los grupos a esta ILP que propone introducir una serie de criterios "más claros y justos" en la actual Ley de la Dependencia para acabar con “el copago confiscatorio”.

Entre estos, la propuesta demanda dejar exentas de todo copago a aquellas personas cuyas rentas sean inferiores a 2,5 veces el Iprem (1.344,5 euros), que la aportación máxima no supere en ningún caso el 60% del coste total del servicio y que la edad y el momento vital en que apareció la situación de dependencia se tengan en cuenta a la hora de determinar la renta disponible de la persona.

INVASIÓN DE COMPETENCIAS

El portavoz del PNV, Íñigo Barandiaran, fue el único que mostró un rechazo claro a la iniciativa, que en su opinión “atenta contra la competencia exclusiva en protección social que tienen las comunidades autónomas”. A su juicio, incurre en “el mismo error que la Ley de la Dependencia”: justificar “en base al principio de igualdad una intromisión en las competencias que están transferidas de forma exclusiva, reguladas en nuestro caso por la Ley de Servicios Sociales del País Vasco”.

“Por eso, aunque sí compartimos la filosofía y el espíritu de esta proposición, votaremos en contra”, declaró. Ello no impide que el PNV presente enmiendas para tratar de mejorar este texto, agregó el diputado.

Los portavoces de Esquerra y de JxCat, María Carbalho y Genís Boadella, consideraron también que esta iniciativa puede suponer una intromisión competencial, aunque se mostraron dispuestos a tramitarla e intentar mejorarla vía enmiendas.

Para Carbalho, esta iniciativa “viene a intentar suplir un déficit histórico” en la financiación de los servicios de dependencia y a “dar visibilidad” a los colectivos de personas dependientes y con discapacidad cuyas “voces históricamente han sido silenciadas”. Boadella denunció a su vez que el sistema de dependencia “arrastra una infrafinaciación de muchos años”, en los que el Estado “ha incumplido su propia ley” y las comunidades tuvieron que asumir casi en exclusiva el coste de los servicios.

La misma prevención respecto al “afán centralizador” de la norma manifestaron Néstor Rego, del BNG, y Mertxe Aizpurua, de Bildu, que no obstante calificaron la propuesta de “muy necesaria”. “Aunque sólo sea por el olvido sistemático al que estas personas han sido sometidas, (la ILP) merece ser tramitada y mejorada”, afirmó.

Además, señaló que los criterios propuestos por Cermi, como considerar la edad de aparición de la situación de dependencia, resultan muy pertinentes.

Marisa Saavedra, de Unidas Podemos, destacó que la reforma de la Ley de la Dependencia “está en línea con una de nuestras principales reivindicaciones, como es la promoción de la vida independiente y la autonomía personal para que sean las propias personas con discapacidad quienes decidan sobre sus vidas”. Subrayó que dicha ley “supuso un hito” en 2006, que “generó enormes expectativas, pero cuyo desarrollo “fue frustrado por los recortes del PP”.

En esta idea incidió Luis Sahuquillo, portavoz del PSOE, para quien aquella norma supuso “el reconocimiento del derecho de las personas que no pueden valerse por sí mismas a ser atendidas por el Estado”. Ambas formaciones presentarán enmiendas para mejorar el texto.

Según el responsable socialista, “escucharemos a las comunidades, que son las encargadas de la gestión del sistema de dependencia, y nos sentaremos con ellas y con todos los grupos políticos para sacar adelante la mejor reforma posible”.

Asimismo, la portavoz del PP en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas de Discapacidad, Alicia García, ya había avanzado el voto favorable de su grupo, tras criticar la “insuficiencia” del Plan de choque y del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para la atención a la dependencia. En su opinión, la ley de 2006 nació sin ninguna memoria económica que la sustentase y, por eso mismo “resultaba insostenible”.

Por su parte, la diputada de Vox Rocío de Meer criticó “el abandono” al que, en su opinión, “el Gobierno somete a las personas en situación de dependencia”. “La ley, tal y como está planteada, no ha servido para nada”, y lamentó la insuficiencia de las prestaciones y el retraso en el cobro. También denunció “las desigualdades” en cuanto a la atención a las personas dependientes entre comunidades, un sistema que a su juicio se ha demostrado “fallido” y que es preciso eliminar.

RECONOCIMIENTO AL CERMI

Todos los grupos, incluido el PNV, resaltaron la labor llevada a cabo por el Cermi y por el resto de asociaciones del movimiento de la discapacidad y reconocieron “la amplia base social” con la que cuenta esta iniciativa.

Se refirieron asimismo a las más de 740.000 personas que firmaron a favor de esta ILP y admitieron la frustración que en todas ellas puede haber causado “estos años de retraso”.

“Ahora tenemos la oportunidad de compensar el tiempo perdido en estos cinco años”, afirmó Sahuquillo.

FUENTE: SERVIMEDIA

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