Cermi Cantabria
3 de diciembre. Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad
El día 3 de diciembre se conmemora Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad.
Por este motivo se celebrará el viernes 3 de diciembre un acto en el Patio Central del Parlamento de Cantabria a las 11:30 horas. A diferencia de otros años, y debido a la actual situación de crisis sanitaria, el aforo está restringido y, lamentándolo mucho, solo será posible acceder si se ha recibido invitación previa.
Con el fin de que el acto pueda ser visto por todas las personas interesadas y que, dadas las circunstancias, no van a poder acudir de forma presencial, será retransmitido en directo a través de la web del Parlamento de Cantabria y se podrá seguir en las redes sociales del Parlamento de Cantabria, en la página de Facebook y en el de YouTube del Parlamento.
Este año girará con el lema POR LA CULMINACIÓN DE LA PRIMERA REFORMA SOCIAL DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA y durante el acto CERMI Cantabria exigirá a todas las formaciones políticas que se sumen al consenso para la renovación del artículo 49 de la Constitución, porque ni la terminología empleada ni el contenido “están alineados con la visión plena de derechos humanos, que es el único abordaje admisible en relación con la discapacidad”.
En este sentido, CERMI recuerda que la Constitución Española de 1978, en vigor actualmente, incorporó expresamente a las personas con discapacidad en el artículo 49, lo que supuso “un gran avance” en cuanto a la visibilidad que otorgaba al movimiento de la discapacidad y a la promoción y protección constitucional de sus derechos. Sin embargo, lamentan que, tras cuarenta años, la Carta Magna no haya actualizado su mirada sobre las personas con discapacidad, ya que, de hacerlo, “se mejora a sí misma y ahonda y extiende sus principios, valores y mandatos”.
La Fundación CERMI Mujeres alza la voz y reclama el derecho de miles de mujeres con discapacidad a vivir una vida libre de violencias
La Fundación CERMI Mujeres (FCM) denuncia la situación en la que se encuentran miles de mujeres con discapacidad en España víctimas de la violencia machista o “en serio riesgo de sufrirla”, así como el desamparo del sistema judicial, que “deja fuera precisamente a quienes se hallan en una situación de mayor vulnerabilidad y, por lo tanto, corren un mayor riesgo de ser víctimas de violencia”.
Así lo declara la entidad, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra cada 25 de noviembre, en un manifiesto que ha publicado en el que se recogen las principales reivindicaciones de las mujeres y niñas con discapacidad.
Tal y como señalan, en el contexto de la pandemia provocada por la Covid-19, las políticas de emergencia llevadas a cabo contra la violencia hacia las mujeres “han olvidado una vez más” a las mujeres con discapacidad en términos de acceso a la justicia, un principio básico del Estado de derecho e instrumento “esencial” para ejercer de manera efectiva los derechos humanos, así como resarcir y reconocer a las víctimas y hacer frente a la discriminación y la violencia.
“Las mujeres con discapacidad seguimos enfrentándonos a un sistema judicial tremendamente patriarcal y capacitista, con inercias fuertemente arraigadas que impiden romper paradigmas excluyentes que se aplican en los razonamientos de las resoluciones judiciales y quedan plasmados en los procedimientos formales, claramente inaccesibles y que no contemplan los ajustes razonables exigibles legalmente”, explican desde la FCM.
En concreto, la entidad se refiere no solo a las dificultades a las que se enfrentan las mujeres con discapacidad en materia de accesibilidad o a la falta de ajustes de procedimientos o inaccesibilidad a la asistencia letrada, sino también a “las barreras mentales que jueces, fiscales, especialistas en derecho y personal policial imponen en su práctica profesional a las pocas mujeres con discapacidad que se animan a denunciar la violación de sus derechos ante la justicia”.
En este sentido, aseguran que el personal judicial “a menudo es reacio a dar crédito a los testimonios de las mujeres con discapacidad”, del mismo modo que tampoco suele abrir causas de violencia contra ellas, ya que este trámite puede exigir más recursos “dada la necesidad de cerciorarse de la capacidad de la víctima de consentir y prestar testimonio o por ser parte de una minoría lingüística y cultural como en el caso de las mujeres sordas o sordociegas”.
“El formalismo excesivo en los procesos, acompañado de un lenguaje diferente y específico que resulta lejano y desconocido para la mayoría de la ciudadanía, colaboran a alejar los procedimientos legales del entendimiento del común de las mujeres con discapacidad, y más aun de aquellas que presentan una discapacidad intelectual o psicosocial”, sostienen desde la FCM.
En este mismo sentido, señalan el coste de la representación y el asesoramiento jurídico como otros de los principales obstáculos para el acceso a la justicia, pese a que son “un componente central de las estrategias” destinadas a ello y aun cuando en España está reconocido el acceso a la justicia gratuita para algunos casos concretos.
El CERMI saluda que sea obligatorio aceptar dinero en efectivo, ya que así se protege a los consumidores vulnerables
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) saluda que sea obligatorio legalmente aceptar dinero en efectivo en todo tipo de transacciones, ya que así se protege a los consumidores vulnerables, entre ellos, a las personas con discapacidad y mayores.
Este deber ha sido establecido por el Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre, de transposición de diversas directivas, que ha modificado el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, introduciendo como nueva infracción administrativa en materia de defensa de los consumidores y usuarios “la negativa a aceptar el pago en efectivo como medio de pago dentro de los límites establecidos por la normativa tributaria y de prevención y lucha contra el fraude fiscal”.
Con esta decisión, se avanza en el blindaje del efectivo como medio de pago universal y también en la protección de la libertad del consumidor, que cuenta con cobertura legal para elegir entre utilizar el efectivo o los medios electrónicos, sin imposiciones unilaterales.
El CERMI junto con otros operadores económicos, empresariales y sociales agrupados en la Plataforma Denaria viene defendiendo la implantación de un marco jurídico que garantice el uso libre del efectivo como forma de proteger los derechos de todos los consumidores, en especial de lo más vulnerables.
[Fuente: CERMI]
El CERMI exige al Gobierno que la nueva Ley de Vivienda incorpore la reforma del régimen de propiedad horizontal para asegurar la accesibilidad
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha exigido al Gobierno que la nueva Ley de Vivienda incorpore la reforma del régimen de propiedad horizontal para asegurar la accesibilidad de las personas con discapacidad o mayores de 70 años.
Así lo ha puesto de manifiesto la plataforma de la discapacidad a través de un escrito dirigido al secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas, en la que explica las propuestas y observaciones del movimiento CERMI al Anteproyecto de Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda para que “no sean desatendidas”.
En este sentido, la entidad ha reiterado la “necesidad urgente” de reformar la Ley de Propiedad Horizontal, a fin de disponer de una legislación que establezca como obligatorias y con cargo a la comunidad de propietarios las obras y actuaciones de accesibilidad donde vivan personas con discapacidad y mayores de 70 años.
Por ello, ha reclamado el derecho a una vivienda digna y adecuada para las personas con discapacidad, que “pasa ineludiblemente por una vivienda accesible”. Así, según el CERMI “se debe aprovechar sin más dilaciones la nueva Ley por el derecho a la vivienda, como vehículo legal más apropiado”.
Asimismo, el movimiento de la discapacidad ha recordado que actualmente la ausencia de accesibilidad en los edificios de viviendas a los que se aplica la Ley de Propiedad Horizontal es un “mal crónico”, que tiene “recluidas, prisioneras, a más de 100.00 personas con discapacidad y personas mayores en sus propios hogares, sin posibilidad de salir y entrar a su vivienda con normalidad, como lo haría cualquier otra persona”.
Por último, el CERMI ha reclamado que esta ley esté acompañada de “potentes líneas de ayudas públicas para que las comunidades de propietarios con menos recursos acometan estas obras”.
[Fuente: CERMI]
El movimiento CERMI insiste en la importancia de que exista un “gran consenso político” para reformar el artículo 49 de la Constitución
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), la Fundación CERMI Mujeres, y los CERMIS Autonómicos han insistido en la importancia y la necesidad de que exista un “gran consenso político” para reformar el artículo 49 de la Constitución.
Así se ha puesto de manifiesto durante la IX Conferencia CERMI Territorios celebrada este miércoles de forma telemática en la que se han tratado, además, otros temas de la agenda política de la discapacidad como el estado de la vacunación contra el COVID-19 en los territorios y la administración de la tercera dosis, o la sostenibilidad económica de las estructuras de bienestar de la discapacidad.
En este sentido, el presidente del CERMI Estatal, Luis Cayo Pérez Bueno, se ha referido a esta modificación como la “máxima aspiración que puede tener cualquier movimiento social que hace incidencia”. “Llevamos muchos años insistiendo y luchando por este cambio que ha tenido el aliento del movimiento CERMI y en 2018 obtuvo un amplio respaldo parlamentario”, ha afirmado.
De esta manera, ha emplazado a los partidos que se han opuesto hasta ahora a esta reforma -PP y VOX- a superar sus dudas y hacer a un lado sus resistencias, porque es una cuestión de mejora de país, de avance como sociedad, no partidista ni de conflicto ideológico. “Esta reforma haría de España un mejor país, y en ningún caso perjudica ni resta nada a nadie”, ha destacado el presidente de CERMI. De la misma manera, ha subrayado que “vamos a tratar de convencer a estas formaciones, ya que su contribución es indispensable y no pueden permanecer ajenas a este consenso o bloquearlo”.
Y es que, tal y como se ha recordado, se trataría de la primera reforma de la Constitución Española de 1978 con nítido contenido social que establece un nuevo artículo “mucho más amplio e integral” que cristaliza la visión de derechos humanos de acuerdo con el marco internacional y europeo, además de prohibir expresamente cualquier tipo de discriminación y la eliminación de la palabra “disminuidos”.
[Fuente: CERMI]