CERMI Cantabria presenta a los grupos parlamentarios y al Gobierno sus aportaciones y necesidades sobre discapacidad para los presupuestos de 2019

El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Cantabria (CERMI Cantabria) se está reuniendo con los diferentes grupos parlamentarios y representantes del Gobierno de Cantabria para presentarles sus propuestas y necesidades al próximo Proyecto de Ley de Presupuestos del Gobierno de Cantabria para el año 2019.

Como principal propuesta, se insta a la aprobación de Ley de Cantabria de garantía de los derechos de las personas con discapacidad en 2018 y asignación de partidas presupuestarias específicas para 2019 con el objeto de garantizar la implantación efectiva de las medidas incluidas en esta Ley, y especialmente las destinadas a garantizar la accesibilidad urbanística, arquitectónica, del transporte, de la información y la comunicación.

Entre otras peticiones realizadas, una recurrente, como es  la preocupación por la normativa de acreditación de los centros que prestan apoyo a personas con discapacidad con precios que garanticen la sostenibilidad y calidad de los apoyos, que sigue sin respuesta. Ello hace necesario un aumento de la partida de estancias concertadas. En este ámbito también se insiste en apostar por los servicios de promoción de la autonomía personal y prestaciones de asistencia personal, con normativa específica para ello y precios públicos, que deberían estar en vigor desde julio de 2015.

Al igual que en los presupuestos de 2018, año en que se comienza con el nuevo sistema de gestión de fondos recaudados para fines sociales a través del IRPF -“X Solidaria”-, en el que las Comunidades Autónomas asumen un importante papel, CERMI Cantabria insiste que esta partida procedente del Estado se sume a las ya existentes de la Comunidad Autónoma con finalidad social, y que estas no se reduzcan.

Así mismo se traslada la gran preocupación por la ausencia de medidas que permitan la sostenibilidad de las entidades de economía social ante la subida del salario mínimo interprofesional. Se propone impulsar una Ley de Economía Social pero incorporar ya en la Ley de Presupuestos alguna  medida para favorecerla. La reserva entre el 7% y el 10% de contratos públicos a centros especiales de empleo, empresas de inserción y entidades de iniciativa social, tal y como se establece en la Ley de Contratos del Sector Público;  o garantías  para que los precios que se incluyen en los pliegos de los concursos públicos garanticen la sostenibilidad de las empresas y de los puestos de trabajo que estas crean y mantienen son algunas de estas medidas. La subida de los salarios y la previsión al alza no es compatible con el descenso de los precios de los concursos.

También se plantea la necesidad de garantizar partidas suficientes para avanzar en políticas para la educación inclusiva, el empleo de personas con discapacidad o el acceso a la justicia; y recuperar partidas desaparecidas en los últimos ejercicios para mejorar las infraestructuras y equipamiento de los centros, desarrollar actividades para el alumnado con discapacidad en periodos vacacionales o para la promoción de la salud, prioritariamente para la atención a las personas con problemas de salud mental y enfermedades crónicas.

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